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  • Foto del escritorAlberto Álvarez. Abogado.

La Revolución Digital en la Justicia: Un Paso Adelante o un Riesgo para la Equidad.

El Gobierno español ha anunciado una transformación radical en el sistema judicial con la aprobación de un paquete de medidas destinadas a impulsar la digitalización en la Administración de Justicia. El Ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha calificado este cambio como el "mayor avance en transformación digital de la historia de la Justicia" y asegura que resultará en una mejora sustancial del servicio público para la ciudadanía.


El pilar central de estas reformas es la adopción generalizada de juicios telemáticos, que se convertirán en la norma, junto con la digitalización de los expedientes judiciales.

El Real Decreto-ley busca, además, desbloquear fondos Next Generation a España por valor de 10.000 millones de euros, situándose como un catalizador tanto para la modernización del sistema judicial como para la reactivación económica.


Una de las innovaciones más destacadas es la creación de la Carpeta Justicia, que permitirá a los ciudadanos consultar los expedientes en los que son parte o interesados. Esto, junto con la consolidación del Expediente Judicial Electrónico, tiene el potencial de ahorrar costos y agilizar los procesos judiciales.


En el primer bloque de medidas, se destaca el reconocimiento del derecho de ciudadanos y profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos. La celebración de vistas y actos procesales por vía telemática se generalizará, promoviendo la eficiencia y reduciendo la burocracia. La digitalización no solo se limitará al ámbito judicial, sino que se fortalecerá la interoperabilidad entre órganos judiciales, fiscales y otras Administraciones Públicas.


Sin embargo, esta revolución digital no está exenta de desafíos y preocupaciones. La preferencia por la presencia telemática en el ámbito penal y la agilización de trámites en el contencioso-administrativo pueden generar interrogantes sobre la equidad del sistema. La justicia no solo debe ser eficiente, sino también garantizar la igualdad de acceso y trato para todos los ciudadanos.


En cuanto a la eficiencia procesal, se observa la generalización de la presencia telemática en el ámbito penal y medidas para agilizar la tramitación en el contencioso-administrativo, civil y laboral. La introducción del "procedimiento testigo" busca acelerar procedimientos, pero podría cuestionarnos la calidad de la justicia y la individualización de cada caso.


El cambio hacia la digitalización también plantea interrogantes sobre la privacidad y la seguridad de los datos. La transformación hacia la orientación al dato, en lugar del documento, puede tener ventajas en el diseño de políticas públicas, pero es crucial garantizar la protección de la información sensible y personal.


En resumen, la apuesta del Gobierno por la digitalización de la Justicia representa un paso significativo hacia adelante, con el potencial de mejorar la eficiencia y accesibilidad. No obstante, es esencial abordar con cuidado los desafíos inherentes para asegurar que esta modernización no comprometa la equidad, la privacidad y la calidad de la justicia que se brinda a los ciudadanos. La vigilancia y evaluación constante serán clave para asegurar que este "mayor avance en transformación digital" cumpla con sus objetivos sin dejar a nadie atrás.

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