Hasta 2016: 

 

Hasta el año pasado, si su empresa solicitaba un aplazamiento a Hacienda, bastaba con que acreditase una falta de liquidez temporal y - en caso de deudas superiores a 30.000 euros- aportase garantías. Sólo se exigía información adicional en los aplazamientos de las retenciones (en cuyo caso debía acreditarse que el rechazo del aplazamiento ponía en peligro el mantenimiento de la capacidad productiva de la empresa o de su plantilla.

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A partir de 2017: 

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Pues bien, a partir de 2017 la normativa se ha vuelto más restrictiva, AHORA NO PUEDEN APLAZARSE EN NINGÚN CASO:

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* Las retenciones practicadas (sobre rentas del trabajo, actividades profesionales, intereses, dividendos, etc.), incluso aunque ello ponga en peligro la plantilla o la productividad.

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* Las deudas cuyo ingreso hubiese sido suspendido por la interposición de un recurso, a partir del momento en el que el procedimiento haya finalizado con una resolución firme obligando el pago.

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* Las deudas por pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades (siguen siendo aplazables los pagos fraccionados realizados por los empresarios en estimación directa u objetiva).

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* Los impuestos repercutidos (como el IVA). En este momento se está negociando que esta restricción no se aplique a los empresarios personas físicas.

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Excepciones:

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IVA aplazable: No obstante, y respecto al IVA, se establece un supuesto en el que sí será aplazable (incluso para las empresas), cuando se justifique que las cuotas repercutidas no se han cobrado. En estos casos se propondrá una fecha de pago ajustada al momento en el que prevea razonablemente que va a cobrar la deuda.

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Solicitud no admitida

 

Si solicita un aplazamiento en los casos indicados, su solicitud se considerará como no presentada y, transcurrido el plazo voluntario de pago, le serán exigibles los recargos de apremio (que pueden ser de hasta el 20% de la deuda, más intereses).

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